Caracas, 19 de mayo de 2010. El martes 18 de mayo de 2010, a las 11:15 am, la familia Mendoza Carvajal, víctima de los grupos de exterminio en Portuguesa, sufrió un nuevo atentado, en el cual murió Elvis Mendoza (29 años) por múltiples impactos de bala, presuntamente como consecuencia de la actuación de una comisión policial de ese estado. Estos hechos fueron presenciados por José Mendoza (46 años), padre de la víctima, quien fue detenido por la comisión policial y trasladado a la Comisaría de Páez, en el estado Portuguesa.

De acuerdo con el testimonio de los integrantes de la familia Mendoza y de varios vecinos del sector, Elvis Mendoza aproximadamente a las 11:00 am acudió al sector Baraure II, donde se encuentra la vivienda de su familia y luego de dejar a sus dos hijos de 3 y 5 años de edad en la misma, se fue a trabajar, como la hacía regularmente junto a su padre José Mendoza en una empresa de venta de alimentos, ubicada aproximadamente a 150 metros de la vivienda.

Antes del mediodía, una comisión de funcionarios policiales uniformados que se desplazaba en motos, adscrita a la Policía Estadal de Portuguesa, ingresó a la empresa y presuntamente disparó contra Elvis y José  Mendoza en presencia de un numeroso grupo de obreros y personas que laboran en ese lugar, de acuerdo con lo reseñado en medios regionales del estado Portuguesa. 

Elvis Mendoza es el cuarto miembro de esta familia que resulta asesinado por acciones policiales en el Estado Portuguesa. La familia Mendoza informó sobre estos hechos a la Fiscalía Superior del Estado Portuguesa, el mismo día 18 de mayo de 2010. 

Antecedentes del caso:

Desde el año 2000 la familia Mendoza ha sido víctima de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el denominado grupo exterminio. El primer hecho ocurrió,  luego de que un grupo de funcionarios policiales allanara ilegalmente la vivienda familiar, ubicada en el sector 8 de Baraure II, en Araure, estado Portuguesa  y se llevara arbitrariamente detenidos a tres de los hermanos: Ender, Gonzalo y Alexander Mendoza con las manos en la cabeza y posteriormente estas personas resultaran asesinadas.

Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía y otros organismos competentes por Mariela Mendoza, hermana de Ender, Gonzalo y Alexander. Mariela asumió la defensa de los derechos humanos de sus hermanos,  y apoyó activamente la organización de los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas por el denominado grupo exterminio.

Los hechos relacionados con la muerte de los hermanos Mendoza fueron demostrados en una sentencia emitida el 29 de junio de 2005, dictada por el Juzgado Décimo Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Área Metropolitana, confirmada posteriormente por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas en fecha 14 de agosto de 2006.

El 15 de octubre de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA otorgó medidas cautelares en favor de Mariela Mendoza Carvajal y Carlos Gilberto Mendoza Carvajal, junto a un grupo de familiares de víctimas de los grupos de exterminio que operan en Portuguesa, debido a las amenazas recibidas presuntamente por funcionarios activos adscritos a la Policía de Portuguesa.

Mariela Mendoza  sufrió un atentado el 16 de julio de 2004, cuando fue herida con arma de fuego en la espalda, mano y antebrazo por una persona vestida de civil,  mientras se encontraba sentada al frente de su casa. Sin embargo, Mariela Mendoza continuó con la denuncia del caso.

En la noche del sábado 13 de agosto de 2005, un grupo de encapuchados fuertemente armados irrumpió en la vivienda de la familia Mendoza Carvajal para amedrentar a la madre de las víctimas, Gabriela Mendoza, quien se encontraba sola junto a sus nietos.

En fecha 3 de marzo del 2006, aproximadamente a las 11: 20 PM, personas desconocidas atentaron contra la vida de la familia Mendoza al intentar penetrar en la residencia familiar haciendo uso de la fuerza y disparando en repetidas ocasiones armas de fuego.

En junio de 2009, presuntamente un denominado grupo exterminio repartió panfletos  en diversas zonas de Portuguesa,  en los cuales amenazaban con asesinar a 127 personas, nombrados por sus apodos. Dentro de esta lista nombraban a Elvis Mendoza, integrante de la familia.

A un mes de este hecho, específicamente el 30 de julio de 2009, la residencia de la familia Mendoza recibió varios impactos de bala, cuando presuntamente siete funcionarios policiales adscritos  a la Policía estadal de Portuguesa, sin presentar una orden de allanamiento ni identificación, comenzaron a disparar contra la vivienda y en contra de las personas que estaban en ese momento en su interior: Luis Mendoza (45 años), Elvis Mendoza (29 años) y Gabriela Carvajal (63 años), madre de ambos.  En esa oportunidad no hubo heridos como consecuencia de estos hechos.

Estos atentados se enmarcan en un grave recrudecimiento de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Venezuela. Según el Informe Anual 2008 del Ministerio Público, este organismo registró 6.422 denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas entre enero del año 2000 y septiembre de 2007, entre las que se encuentran casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, lesiones, privaciones ilegítimas de la libertad y violaciones al domicilio.

Por todo lo anterior, la Vicaría de Derechos Humanos y COFAVIC instan a los órganos competentes del Estado venezolano a:

I.                    Tomar las medidas más adecuadas para garantizar la integridad personal  de los integrantes de la familia Mendoza.

II.                  Llevar a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno al asesinato del joven Elvis Mendoza y sobre las amenazas y actos de hostigamiento en contra de la familia Mendoza, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley.

III.               Tomar las medidas pertinentes de carácter penal, civil y administrativo que correspondan en el cuerpo policial presuntamente involucrado, con el propósito de que no se repitan estas acciones de uso desproporcional de la fuerza pública violatorias de los derechos humanos.

IV.              Velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento y de violencia en contra de los defensores que trabajan por la clarificación de violaciones de derechos humanos en Venezuela.